Viernes,   4 de augusto de 2006

donostia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado que el preso vasco Francisco Larrañaga, que fue condenado a muerte en Filipinas y que permanece en prisión desde 1997, sufrió "una grave violación de sus derechos fundamentales y no tuvo un juicio justo", en palabras de la organización Fair Trials Abroad (Juicios Justos en el Extranjero, FTA).

Esta organización, que decidió el año pasado presentar el caso de Larrañaga ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, recibió el pasado miércoles el comunicado 1421/2005 del organismo, en el que declara que durante el juicio que se realizó al preso vasco se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Filipinas es signatario.

"Tienen obligación de cumplirlo, pero todo el mundo sabe que la ONU no tiene Ejército ni manera de hacer cumplir las cosas", explicó la portavoz de FTA, Sarah de Mas.

plazo La resolución del Comité tiene fecha del 24 de julio y ya ha sido remitida tanto al Gobierno filipino como a los abogados de Larrañaga. Ahora, Manila tiene un plazo de 90 días para informar al Comité de cómo responderá a su decisión.

El documento de la ONU tiene su origen en un recurso presentado por FTA ante este organismo el 15 de agosto de 2005.

Esta organización reclamaba que la única forma de resarcir a Larrañaga es ponerle en libertad, pero el Comité no hace suya esta exigencia.

El texto del Comité señala sólo que el Estado Filipino "tiene la obligación" de dar al afectado un "remedio efectivo, incluyendo la conmutación de su condena a muerte y una pronta consideración de libertad bajo fianza", además de tomar medidas para que una situación tal no se repita en el futuro. No obstante, cabe recordar que la pena de muerte a Larrañaga ya se le ha conmutado. El preso vasco se encontraba en el corredor de la muerte desde 2004, pero en abril de este año la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, conmutó la pena capital a ....

a todos los condenados y, dos meses después, en junio, una nueva ley abolió la pena de muerte en el país.

prueba FTA recordó ayer que "no existe ninguna prueba física que vincule" a Larrañaga con los supuestos crímenes, la violación y asesinato de las hermanas Chiong. Explicó que "durante su juicio fue privado de los medios jurídicos necesarios para proteger a los inocentes y juzgar a los culpables, se le prohibió declarar en su propio juicio; y a pesar de todo esto fue condenado a morir por inyección letal".

A pesar de que se le ha conmutado la pena capital, Larrañaga y sus abogados siguen peleando para que se reconozca su inocencia en ese asesinato. Según apuntó FTA, el Departamento de Justicia de la República de Filipinas está considerando su caso para una "clemencia ejecutiva o perdón".

Tras la decisión de la ONU, De Mas manifestó que "ya no puede caber ninguna duda sobre la inocencia de Paco Larrañaga, ni de la terrible injusticia que ha sufrido en estos últimos nueve años, encarcelado y aislado de su familia y comunidad".

"Nosotros llevamos más de dos años, desde que conocimos el caso, luchando para demostrar que, sin lugar a dudas, es inocente de todas las acusaciones vertidas contra él. Y ahora esperamos que pronto le dejen en libertad para que pueda empezar a llevar una vida normal".

Según el Comité de Derechos Humanos, el proceso a Paco Larrañaga violó los artículos 6(1), 7 y 14 (1,2,3 [b][c] [d] [e] y 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

tortura El Artículo 6 (1) consagra el derecho a la vida y su protección, el 7 prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el 14 se refiere a las garantías procesales: igualdad de todas las personas ante los tribunales, derecho a ser oídos públicamente y con garantías por todo tribunal, presunción de inocencia, derecho a los medios y el tiempo adecuados para defender su inocencia; derecho a un abogado defensor, derecho a no sufrir dilaciones indebidas y derecho a interrogar a los testigos de cargo.

Larrañaga fue condenado a la pena de muerte el 3 de febrero de 2004, acusado de rapto, violación y asesinato de las hermanas Marijoy y Jacqueline Chiang. El preso asegura que el 16 de julio de 1997, cuando ocurrieron los crímenes, se encontraba a 300 kilómetros de distancia haciendo exámenes y visitando a sus amigos, versión que respaldan 35 personas.