La Voz de Galicia
                 Domingo, 22 de Mayo de 2005 
                 
Francisco Larrañaga, español en el corredor de la muerte
Paco pide un juicio justo
La familia del joven hispano filipino condenado a muerte por el asesinato de dos hermanas busca el apoyo de España para que el Supremo de ese país repita el proceso

«Paco Larrañaga tiene la mirada triste; su rostro refleja el cansancio de ocho años en la cárcel y de su boca sólo salen ruegos y juramentos de inocencia. Pero lo hemos encontrado sereno, fuerte y con entereza moral, convencido de que no es culpable». La frase es de Jordi Jané, diputado de CiU, que junto con un grupo de parlamentarios españoles visitó hace un mes al joven hispano filipino condenado a muerte en una cárcel de Manila .

Paco nació en 1978 en la isla de Cebú, cuya capital es la ciudad más antigua de Filipinas y la que tiene una herencia española más evidente. Hijo del pelotari español Manuel Larrañaga y de la filipina Margarita González, nieta del presidente filipino Sergio Osmeña, tiene dos hermanos y desde su nacimiento posee la doble nacionalidad española y filipina.

Había comenzado sus estudios en la escuela de Artes Culinarias de Manila cuando el 16 de julio de 1997 un trágico suceso cambiaría su vida. Ese día desaparecieron de la isla de Cebú las hermanas Marijov y Jacqueline Chiong, de 19 y 21 años. La pequeña había ganado el concurso de belleza del instituto y la mayor era la mejor estudiante de su clase. Según el sumario, las hermanas fueron violadas, golpeadas y humilladas en lo que la policía describió como «una orgía de vejaciones». Sólo se encontró un cadáver calcinado, que se supone que es de la mayor de las hermanas, ya que nunca se le practicó la prueba del ADN. La otra supuesta víctima no ha sido hallada.

La implicación de Paco en el suceso vino del testimonio de David Valiente Rusia, un delincuente común con pequeños delitos pendientes en EE.UU. que aseguró, a cambio de su inmunidad, haber participado en el crimen junto a varios jóvenes de la élite local, incluido el joven hispano filipino. También utilizó las declaraciones de cuatro personas que aseguraban heberle visto en el lugar del crimen. El 5 de mayo de 1999, Paco fue condenado a cadena perpetua junto a los otros seis procesados.

Desde ese día, la lucha de la familia de Paco para demostrar la inocencia de su hijo por la grand mmmmmmm

                          ROLEX DE LA PENA

cantidad de irregularidades que a su juicio rodeó el proceso no ha tenido descanso. La defensa denunció que el juez Martín Campo había desestimado los 35 testimonios que se presentaron en los que se afirmaba que Paco estaba en Manila y no en Cebú el día de los hechos. Incluso se presentaron las listas de los pasajeros de todas las compañías aéreas que hacen la ruta entre las dos islas para demostrar que no había regresado a la casa familiar y los testimonios de sus profesores, compañeros de clase e incluso del portero de su bloque de apartamentos asegurando haberle visto la noche del suceso. Sin embargo, el juez desestimó todos los testigos al ser la mayoría amigos del procesado.

Inyección letal
El recurso presentado por la familia daría un giro en febrero del 2004 cuando el Supremo filipino toma la decisión de volver a contemplar el caso. Pero lo que al principio era una tenue esperanza de resolver favorablemente el proceso se convertiría en el golpe más duro en la vida de Paco. Sin poder contar con el testimonio del juez Martín Ocampo al haber fallecido, el alto tribunal confirma la culpabilidad de Larrañaga y considera que la cadena perpetua era blanda y por ello es condenado junto a los otros seis jóvenes a pena de muerte por inyección letal.

Agotados todos los recursos legales, la familia lucha desde ese día con la ayuda del Colegio de Abogados de Madrid, con la influencia del Gobierno español y de todos los grupos parlamentarios para que el Supremo filipino se pronuncie sobre la petición presentada de una moción de reconsideración para que el juicio se repita por las múltiples irregularidades que rodearon el juicio.

Filipinas tiene en estos momentos una moratoria a la pena de muerte aprobada por el actual Gobierno de la presidenta Gloria Macapagal, pero en caso de que se produzca un cambio en el ejecutivo Paco estaría en un plazo de ejecución de 14 meses.